La situación de la libertad de religión o creencias (LdRC) se está convirtiendo en una dura prueba para el panorama general de los derechos humanos en América Latina. Si bien muchas constituciones y marcos jurídicos protegen formalmente el derecho a la LdRC en cierta medida, estas libertades se ven debilitadas en la práctica por la gobernanza autoritaria, la fragilidad del Estado de derecho, los conflictos armados y el crimen organizado.
‘Las libertades, al igual que los privilegios, prevalecen o se ven amenazadas simultáneamente. No se puede dañar ni esforzarse por lograr una sin dañar o promover todas las demás.’
– José Martí
En algunos países, las restricciones son impulsadas por el propio Estado, cuyos gobiernos consideran las voces religiosas independientes como parte de una oposición cívica más amplia. En otros, la presión proviene de actores no estatales, incluidos grupos armados y redes delictivas organizadas que buscan controlar el territorio, silenciar a los líderes comunitarios e impedir que las organizaciones religiosas apoyen a las víctimas o denuncien abusos.
En Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela, los líderes y grupos religiosos son cada vez más, el blanco de ataques debido a su influencia social y su capacidad para moldear las actitudes de la comunidad, defender la dignidad humana y apoyar a las comunidades vulnerables.
La vigilancia, la intimidación y la detención arbitraria se utilizan con frecuencia para restringir la actividad religiosa independiente. Estas tácticas forman parte de un patrón más amplio de presión sobre los líderes religiosos, las organizaciones religiosas y quienes se niegan a alinearse con las estructuras de poder oficiales o criminales.
En algunos países, la religión también ha sido cada vez más instrumentalizada por gobiernos que afirman defender la libertad religiosa, mientras buscan controlar los mensajes, las festividades y las instituciones religiosas, utilizando el favoritismo selectivo y la presión administrativa para proyectar una imagen de tolerancia, al tiempo que reducen el espacio para las voces religiosas independientes.
Por lo tanto, estas preocupaciones sobre la libertad de expresión, asociación y reunión deben entenderse dentro de un contexto más amplio de derechos humanos. Las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión se han entrecruzado con limitaciones a la libertad de expresión, asociación y reunión; la protección contra el maltrato; la participación política; el derecho a un juicio justo; y la seguridad de los defensores de los derechos humanos. También limitan la capacidad de las comunidades religiosas y de creencias para brindar apoyo, documentar abusos y contribuir a la reconciliación. Las secciones por país que siguen explicarán cómo se manifiestan estas tendencias regionales en contextos nacionales específicos.
Colombia
En Colombia, las preocupaciones sobre la LdRC están estrechamente vinculadas a desafíos más amplios de seguridad y gobernabilidad, débil protección estatal y el control de las zonas rurales por parte de grupos armados. Los líderes religiosos actúan como constructores de paz y defensores de la comunidad, lo que los convierte en objetivos visibles para los actores armados que buscan controlar la vida política y social.
Líderes religiosos de todo el país denunciaron coacción e intimidación antes de las elecciones presidenciales de 2026. Un pastor del departamento de Arauca informó que líderes religiosos de zonas rurales habían recibido advertencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de impedir el apoyo al candidato de derecha, ahora presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Informes similares de los departamentos de Caquetá y Cauca indican que fracciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) instruyeron a líderes religiosos para que advirtieran a sus congregaciones de que se monitorearían las votaciones.
Desde diciembre de 2024, CSW ha documentado 11 casos de líderes religiosos asesinados, ejecutados extrajudicialmente, desaparecidos o secuestrados en Colombia. Esto incluye el asesinato del pastor José Otoniel Ortega, quien fue abatido a tiros por individuos armados durante las celebraciones de Nochevieja en el barrio Santa Elena de la Fundación Municipalidad, departamento Magdalena.
La campaña de la CSW, que insta al gobierno colombiano a restablecer la protección de seguridad para los líderes religiosos, subraya la necesidad de tomar medidas urgentes para protegerlos como defensores de los derechos humanos y constructores de paz locales.
La comunidad internacional debe presionar al nuevo gobierno colombiano para que restablezca, con carácter de urgencia, el acceso de los líderes religiosos al mecanismo de seguridad nacional.
Cuba
Casos recientes evidencian la continua presión sobre el liderazgo religioso independiente, especialmente cuando la actividad religiosa se cruza con la expresión pública o la protesta. La detención, el interrogatorio y la intimidación de líderes religiosos y sus familias han reforzado un clima en el que se desalienta el testimonio religioso independiente y la crítica al Estado.
Agentes gubernamentales continuaron impidiendo que personas vinculadas a las Damas de Blanco asistieran a la misa dominical. Por ejemplo, varios miembros de la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción en Matanzas fueron detenidos en enero tras salir de sus casas y amenazados con prisión si, al ser liberados, intentaban asistir a la misa dominical. En los meses siguientes, se registraron menos detenciones, ya que los miembros de las Damas de Blanco optaron por asistir a los servicios religiosos entre semana, en lugar de los domingos por la mañana.
El 16 de marzo, el pastor Rolando Pérez Lora fue arrestado en un parque de Matanzas tras grabar y subir un video de enseñanza bíblica a YouTube. Fue puesto en libertad 24 horas después.
Al día siguiente, el pastor Elier Muir Ávila y su hijo Jonathan David Muir Burgos, de 16 años en aquel entonces, fueron detenidos tras ser acusados de participar en protestas en Morón, Ciego de Ávila. Si bien el pastor Muir Ávila fue liberado ese mismo día, Jonathan fue trasladado a una prisión de máxima seguridad para adultos, donde permaneció detenido durante más de tres meses. Fue puesto bajo arresto domiciliario el 24 de junio, tras meses de maltrato psicológico y físico, y la negación de atención médica por eczema dishidrótico severa y desnutrición.
En junio, el pastor protestante Alexis Padrón Lorenzo fue detenido en Regla, La Habana, acusado de alteración del orden público. Desde su detención, no se le ha permitido tener contacto con su familia, y existe preocupación por su salud debido a que padece artritis reumatoide. Al momento de redactar este informe, permanece detenido.
Las líderes religiosas afrocubanas Donaida Pérez Pasiero y Loreto Hernández García, y los hermanos cristianos protestantes Jorge y Nadir Martín Perdomo, permanecen encarcelados bajo cargos relacionados con su presunta participación en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021.
La comunidad internacional debe plantear el caso de los presos de conciencia ante el gobierno cubano en cada oportunidad y presionar para que reciban la atención médica adecuada y la liberación inmediata de Loreto García Hernández y Donaida Pérez Pasiero, así como del pastor Alexis Padrón Lorenzo.
México
A pesar de que la LdRC está formalmente protegida en México, su aplicación es débil en lugares donde las autoridades locales o grupos criminales ostentan el poder. Las minorías religiosas enfrentan coerción, desplazamiento o violencia cuando se niegan a practicar las religiones mayoritarias.
En enero, el pastor protestante Mariano Velásquez Martínez y su familia fueron desplazados por la fuerza de Santiago Malacatepec, estado de Oaxaca, luego de que se negara a rezar ante una imagen de Santiago Apóstol durante la festividad católica local. Fue detenido durante cinco días y llevado ante una asamblea para ser expulsado.
De manera similar, en marzo, Gustavo González Vásquez, testigo de Jehová, fue detenido arbitrariamente en Santa María tras negarse a participar en una celebración católica, expulsado de la comunidad, multado con entre 150,000 y 200,000 pesos mexicanos y se le confiscaron algunas de sus propiedades.
En marzo, el misionero protestante Benito Guevara Arcos, en el pueblo de San Vicente, municipio de Chilpancingo de los Bravos, estado de Guerrero, fue desaparecido por un grupo criminal. Vecinos informaron haber visto a hombres armados obligarlo a subir a un auto y llevárselo detenido tras mostrarse molestos por su predicación. Si bien el grupo responsable afirmó haberlo liberado días después, él aún no ha sido encontrado, a pesar de la amplia cobertura de los medios locales.
La comunidad internacional debe exigir que México aborde con urgencia la cultura de impunidad en torno a las violaciones de la LdRC y garantice que los responsables de los actos delictivos cometidos en relación con dichas violaciones, rindan cuentas ante la justicia.
Nicaragua
El gobierno de Nicaragua sigue considerando la actividad religiosa independiente como una amenaza a su autoridad, utilizando la detención, la vigilancia y la presión sobre las comunidades religiosas para restringir la disidencia y limitar las libertades fundamentales.
La liberación en enero de 2026 del pastor Rudy Palacios Vargas y cinco de sus familiares y amigos, tras seis meses de detención, pone de manifiesto la continua vigilancia posterior a su liberación. Tras haber sido detenidos arbitrariamente el 17 de julio de 2025 en el marco de una operación policial coordinada, fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario y medidas cautelares. Un séptimo miembro del grupo, Mauricio Alonso Petri, falleció en prisión preventiva en agosto de 2025.
El 29 de junio, el obispo Juan Abelardo Mata Guevara, obispo emérito de la diócesis de Estelí, de 80 años, fue detenido por la Policía Nacional en la Clínica San Juan, un día después de haber hecho referencia a la persecución religiosa en las oraciones que dirigió durante una misa en la iglesia de La Cruz del Calvario. El obispo Mata Guevara fue enviado a la prisión de máxima seguridad El Chipote en Managua y liberado a las 6:45 p. m. de esa misma noche, pero fue detenido nuevamente a la mañana siguiente y permaneció retenido hasta las 4:00 p. m.
El 30 de junio, el diácono Wilfred Aráuz Rodríguez y el padre Francisco Morales, de la iglesia La Cruz del Calvario, donde el obispo Mata Guevara había dirigido las oraciones, y el padre Rigoberto Delgadillo Sánchez, de la parroquia Santuario Divino Niño, fueron detenidos y retenidos durante 12 horas.
El pastor protestante Efrén Antonio Vílchez López continúa cumpliendo una condena de 23 años de prisión por cargos infundados. En mayo de 2026, CSW presentó una petición firmada por más de 1000 personas, exigiendo su liberación inmediata e incondicional, a las embajadas y consulados de Nicaragua en 11 países.
El sacerdote católico Frutos Constantino Valle Salmerón permanece bajo arresto domiciliario en Managua desde julio de 2024, tras impedírsele preparar la ordenación de tres diáconos.
La comunidad internacional debe seguir presionando al gobierno nicaragüense para que cese el acoso y la persecución contra los líderes religiosos y libere de inmediato al pastor Efrén Vilchez López con carácter de urgencia.
Venezuela
La salida del poder del presidente Maduro ha generado incertidumbre política en Venezuela, sin desmantelar las estructuras subyacentes que han limitado la vida cívica y religiosa. Es probable que los líderes religiosos sigan bajo escrutinio debido a su influencia local, lo que mantiene la LdRC estrechamente vinculada al futuro democrático y de derechos humanos del país.
En junio, el obispo Dr. Jylman Red Jurado Farfán, de la Iglesia Anglicana Latinoamericana (independiente), informó sobre graves problemas de salud durante su reclusión en la prisión Rodeo III, en el estado Miranda. El obispo ha sido objeto de una campaña de hostigamiento y restricciones en el acceso a material religioso desde su detención en julio de 2021, bajo cargos arbitrarios de terrorismo, asociación para delinquir y conspiración. Especialistas forenses han calificado su estado de salud general como «precario» y han advertido sobre el riesgo de sufrir un choque hipovolémico o un paro cardíaco. A pesar de que se han emitido al menos seis órdenes judiciales que exigen su traslado urgente para someterse a evaluaciones médicas, las autoridades penitenciarias lo mantienen detenido.
El ELN ha expandido progresivamente sus operaciones desde Colombia hacia Venezuela. En los estados fronterizos, el grupo ha establecido, según informes, un control militar de facto y ha intimidado y coaccionado a líderes religiosos para que acaten sus normas mediante amenazas de violencia.
La pastora protestante Gricelia Josefina Solórzano Malpica continúa cumpliendo una pena de prisión por cargos infundados y de motivación política —terrorismo, malversación de fondos y conspiración—, por los cuales fue detenida en junio de 2024.
La comunidad internacional debería interactuar con el actual gobierno venezolano para insistir en el fortalecimiento y la defensa de las garantías de la LdRC para todos, así como para exigir la liberación inmediata del obispo Dr. Jylman Red Jurado Farfán y de la pastora Gricelia Josefina Solórzano Malpica, y la expulsión del ELN de sus territorios.
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