El 30 de noviembre se cumple el cuarto aniversario de la aprobación del histórico acuerdo de paz, entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el congreso colombiano. Después de cuatro años, la paz sigue siendo un tema pendiente, ya que la violencia continúa y ha empeorado en varias regiones y quienes trabajan en la construcción de la paz, se encuentran cada vez más en la mira de los actores armados que actúan en la ilegalidad. Agregue a esto los efectos de la pandemia del COVID-19 y el panorama se vuelve de gran preocupación.
CSW habló con Pablo Moreno, Rector del Seminario Bautista de Cali (Unibautista) y Director de la Comisión de Paz del Consejo Colombiano de Iglesias Evangélicas (CEDECOL).
“La pandemia del COVID19 ha afectado a Colombia como todo el mundo, han sido meses de anormalidad académica, laboral y religiosa. Períodos de confinamiento han alterado el desarrollo histórico de los encuentros presenciales y ha producido un incremento de la virtualidad en todas las áreas de la vida humana.
En medio de esta situación, se ha incrementado la violencia en Colombia, grupos armados que ocuparon territorios dejados por las FARC se pelean entre sí el control del negocio del tráfico de drogas, al mismo tiempo estos grupos son usados para atemorizar a la población para que abandonen sus territorios y así puedan desarrollar la minería ilegal, la apropiación de la tierra y la expansión del dominio social en su favor.
Uno de los más graves problemas que enfrenta el país actualmente es el asesinato de líderes sociales y luchadores por los derechos humanos, entre los cuales también se cuentan a desmovilizados firmantes del Acuerdo de paz.
Las cifras oficiales difieren notablemente de las que ofrecen organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en julio de 2020 la oficina de la Consejería del Gobierno Colombia, usando datos de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, decía que habían sido asesinados 37 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, pero que todavía están por aclarar otros 47 homicidios que podrían ser parte de esta categoría.
Por su lado, el Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) presenta cifras muy diferentes, según esta ONG, en 2020 ha habido 251 registros de asesinatos, siendo los departamentos del Cauca y Antioquia los departamentos más afectados. La mayoría de estos asesinatos no tiene que ver con narcotráfico, sino con conflictos por tierras, minería y ganadería.
En estos dos departamentos hay un importante número de iglesias evangélicas, por lo que estas no son ajenas a la afectación que produce la agudización de la inseguridad en sus territorios.
En el Bajo Cauca antioqueño, una pastora evangélica[1], quien fue afectada por miembros de un grupo paramilitar autodenominado Clan del Golfo, tuvo que ser reubicada con su familia en el municipio del Bagre, Antioquia, recibiendo apoyo humanitario de parte de la Comisión de paz de CEDECOL y Justapaz, por amenazas y agresión sexual a uno de sus hijos. Ella es líder de la Asociación de Víctimas generadoras de paz (AVGP), además es líder de un proceso de Santuario de paz con Justapaz, colabora con documentación de casos de víctimas y son miembros del Pacto por la paz del Bajo Cauca que busca el acceso a derechos y reparación de víctimas.
A la luz de esta realidad surgen algunas reflexiones después de trabajar durante varios años en la construcción de paz.
Por un lado, reconocemos que el camino hacia la paz es largo, tedioso, peligroso, aunque esperanzador.
Durante varios años hemos acompañado a cientos de víctimas del conflicto que son miembros activos de las iglesias en su desplazamiento forzado para reiniciar una nueva etapa de sus vidas, hemos constatado que allí no termina todo, que en varias ocasiones han sido desplazadas nuevamente cuando apenas estaban logrando estabilización. En medio de estas circunstancias pastores, líderes, mujeres y jóvenes han emergido como líderes de la comunidad para mantener en alto la esperanza de un mejor mañana, su testimonio ha impactado a otras personas para continuar trabajando por la paz.
Por otro lado, es importante analizar que las iglesias y sus líderes tienen limitaciones para desarrollar sus actividades cultuales, educativas y sociales, debido a que adicional a sus labores evangelísticos, pastorales y educativas propias del campo religioso, también desarrollan acciones de cooperación con la comunidad, proyectos de atención en emergencia y desarrollo. En un contexto dominado por actores armados, la población civil desarmada como la de las iglesias, han perdido libertad para transitar de un lugar a otro y trabajar en los proyectos mencionados. En caso de no obedecer las órdenes de los actores armados se han recibido amenazas, presiones e impedimentos para reunirse en sus cultos.
En algunas ciudades a las que llega población desplazada por la presión de grupos armados, las iglesias también se han dispuesto para brindar ayuda humanitaria, sin embargo, varios pastores han sido amenazados por acercarse a la población desplazada, ya que hay colaboradores de los grupos armados vigilando a la población desplazada para que no vayan a ser captados para algún grupo político o religioso que les impida mantener el control.
Finalmente, es importante destacar que a pesar de las limitaciones que pastores, líderes e iglesias han experimentado en medio del conflicto, se han logrado avances en desarrollo de las comunidades para que emprendan iniciativas que les ayudan a recomponer temporalmente su situación económica y de supervivencia. A estos proyectos los hemos llamado desde hace varios años “semillas de esperanza” que alientan a las iglesias y comunidades a mantener su fe y su esperanza en medio de la incertidumbre producida por la afectación sufrida.
[1] Reservamos mencionar el nombre por motivos de seguridad.
English (UK) 
Español de México 
简体中文