Para lograr esto, AMLO parece estar buscando grupos religiosos.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Como parte de su Plan Nacional de Desarrollo (PND), AMLO est\u00e1 pidiendo a los grupos religiosos, entre otras instituciones, que expresen su opini\u00f3n sobre las tres ideas centrales del PND: justicia y estado de derecho, bienestar y desarrollo econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n
Esto suena como un paso positivo, sin embargo, al considerar las estrategias actuales del gobierno para combatir los delitos y garantizar la seguridad p\u00fablica, se hace evidente que M\u00e9xico tiene mucho trabajo por hacer.<\/p>\n\n\n\n
Acci\u00f3n inadecuada<\/strong><\/h2>\n\n\n\n\nLas violaciones moderadas a graves contra el derecho a la libertad de religi\u00f3n o de creencias (LdRC) son comunes en algunas partes de M\u00e9xico. Si bien estas violaciones casi siempre involucran actos delictivos, el gobierno mexicano rara vez ha tomado las medidas adecuadas para intervenir, defender el derecho a la LdRC o garantizar que los delincuentes sean llevados ante la justicia dentro del pa\u00eds.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\nLos discursos del gobierno estatal sobre las violaciones de LdRC son a menudo confusos y contradictorios, y frecuentemente tienen como objetivo principal reducir las estad\u00edsticas de los casos de LdRC. Esto, junto con la falta de investigaciones completas y exhaustivas, significa que una cultura de impunidad rodea a la mayor\u00eda de los casos.<\/p>\n\n\n\n
En las reuniones gubernamentales celebradas durante la reciente asignaci\u00f3n de investigaci\u00f3n de CSW a M\u00e9xico, fue evidente que los funcionarios tienen poca confianza en sus leyes, o m\u00e1s bien, en el estado de derecho. Se\u00f1alan el hecho de que aunque existen leyes fuertes a nivel general, las personas no las cumplen y no experimentan consecuencias negativas.<\/p>\n\n\n\n
Mediaci\u00f3n, negociaciones y acuerdos<\/strong><\/h2>\n\n\n\nEsto crea un cicloen el que las personas violan la ley y los funcionarios del gobierno buscan “mediar”, “negociar” o llegar a un “acuerdo” entre las v\u00edctimas y los delincuentes, en lugar de recurrir a mecanismos de justicia. Aparte de las preocupaciones sobre la falta de voluntad del gobierno para defender el estado de derecho, este m\u00e9todo tambi\u00e9n tiene un defecto fundamental: si las personas no obedecen la ley, \u00bfpor qu\u00e9 obedecer\u00edan a un \u201cacuerdo\u201d?<\/p>\n\n\n\n
Este lenguaje de \u201cacuerdos\u201d frente a las violaciones de derechos humanos y la actividad criminal es problem\u00e1tico. Los acuerdos solo pueden funcionar si el gobierno interviene antes de una crisis y solo deber\u00edan ser una soluci\u00f3n si no se han cometido delitos. Sin embargo, CSW ha observado que muchos acuerdos han sido negociados por abogados y funcionarios gubernamentales que carecen de una comprensi\u00f3n s\u00f3lida de la LdRC. Como resultado, los acuerdos no resultan justos y pueden invitar a mayores restricciones sobre la LdRC; por ejemplo, un acuerdo con la comunidad de Buenavista Bahuitz, municipio de Margaritas, estado de Chiapas proh\u00edbe a los ni\u00f1os hablar sobre su fe y obliga a los protestantes de la comunidad a pagar un impuesto especial anual.<\/p>\n\n\n\n
Si la negociaci\u00f3n de acuerdos se realiza de manera oportuna antes de que se haya cometido cualquier delito, entonces esta forma de mediaci\u00f3n comunitaria podr\u00eda ser una propuesta constructiva. Sin embargo, incluso en estos casos, el gobierno debe asegurarse de contar con un experto en LdRC para revisar el acuerdo y asegurarse de que est\u00e9 en consonancia con la Constituci\u00f3n Mexicana y el derecho internacional.<\/p>\n\n\n\n
\nSi se ha cometido un delito, un acuerdo no es suficiente. Si alguien ha sido objeto de agresiones violentas, ha sufrido da\u00f1os en su propiedad, ha sido encarcelado arbitrariamente o ha sido desplazado por la fuerza, esos son actos delictivos y deben ser tratados como corresponde.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Las violaciones moderadas a graves contra el derecho a la libertad de religi\u00f3n o de creencias (LdRC) son comunes en algunas partes de M\u00e9xico. Si bien estas violaciones casi siempre involucran actos delictivos, el gobierno mexicano rara vez ha tomado las medidas adecuadas para intervenir, defender el derecho a la LdRC o garantizar que los delincuentes sean llevados ante la justicia dentro del pa\u00eds.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Los discursos del gobierno estatal sobre las violaciones de LdRC son a menudo confusos y contradictorios, y frecuentemente tienen como objetivo principal reducir las estad\u00edsticas de los casos de LdRC. Esto, junto con la falta de investigaciones completas y exhaustivas, significa que una cultura de impunidad rodea a la mayor\u00eda de los casos.<\/p>\n\n\n\n En las reuniones gubernamentales celebradas durante la reciente asignaci\u00f3n de investigaci\u00f3n de CSW a M\u00e9xico, fue evidente que los funcionarios tienen poca confianza en sus leyes, o m\u00e1s bien, en el estado de derecho. Se\u00f1alan el hecho de que aunque existen leyes fuertes a nivel general, las personas no las cumplen y no experimentan consecuencias negativas.<\/p>\n\n\n\n Esto crea un cicloen el que las personas violan la ley y los funcionarios del gobierno buscan “mediar”, “negociar” o llegar a un “acuerdo” entre las v\u00edctimas y los delincuentes, en lugar de recurrir a mecanismos de justicia. Aparte de las preocupaciones sobre la falta de voluntad del gobierno para defender el estado de derecho, este m\u00e9todo tambi\u00e9n tiene un defecto fundamental: si las personas no obedecen la ley, \u00bfpor qu\u00e9 obedecer\u00edan a un \u201cacuerdo\u201d?<\/p>\n\n\n\n Este lenguaje de \u201cacuerdos\u201d frente a las violaciones de derechos humanos y la actividad criminal es problem\u00e1tico. Los acuerdos solo pueden funcionar si el gobierno interviene antes de una crisis y solo deber\u00edan ser una soluci\u00f3n si no se han cometido delitos. Sin embargo, CSW ha observado que muchos acuerdos han sido negociados por abogados y funcionarios gubernamentales que carecen de una comprensi\u00f3n s\u00f3lida de la LdRC. Como resultado, los acuerdos no resultan justos y pueden invitar a mayores restricciones sobre la LdRC; por ejemplo, un acuerdo con la comunidad de Buenavista Bahuitz, municipio de Margaritas, estado de Chiapas proh\u00edbe a los ni\u00f1os hablar sobre su fe y obliga a los protestantes de la comunidad a pagar un impuesto especial anual.<\/p>\n\n\n\n Si la negociaci\u00f3n de acuerdos se realiza de manera oportuna antes de que se haya cometido cualquier delito, entonces esta forma de mediaci\u00f3n comunitaria podr\u00eda ser una propuesta constructiva. Sin embargo, incluso en estos casos, el gobierno debe asegurarse de contar con un experto en LdRC para revisar el acuerdo y asegurarse de que est\u00e9 en consonancia con la Constituci\u00f3n Mexicana y el derecho internacional.<\/p>\n\n\n\n Si se ha cometido un delito, un acuerdo no es suficiente. Si alguien ha sido objeto de agresiones violentas, ha sufrido da\u00f1os en su propiedad, ha sido encarcelado arbitrariamente o ha sido desplazado por la fuerza, esos son actos delictivos y deben ser tratados como corresponde.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\nMediaci\u00f3n, negociaciones y acuerdos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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