CSW ha publicado hoy un informe sobre la situación de la libertad de religión o creencias (LdRC) en Venezuela. El informe destaca que, a pesar de la destitución forzosa del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026, los líderes del Partido Unión Socialista de Venezuela (PSUV) y partidos aliados siguen afianzados en el poder y son responsables de extensas violaciones de la LdRC y otros derechos humanos.
El informe, titulado “Autocensura y control social: La situación de la libertad de religión o creencias en Venezuela”, detalla cómo el gobierno venezolano ha intentado presentarse como defensor del derecho a la LdRC mediante el establecimiento de diversos programas de beneficios religiosos y el patrocinio de ceremonias religiosas para grupos afines al régimen, mientras somete a quienes critican al gobierno, intentan mantenerse independientes o hayan rechazado estos incentivos terminan siendo objeto de discriminación, amenazas de violencia, detenciones arbitrarias o pierden derechos específicos.
Todos los líderes religiosos, incluso aquellos que se benefician de programas gubernamentales y otras formas de trato preferencial, están bajo vigilancia constante. Es frecuente la presencia de informantes del gobierno en las congregaciones, y los líderes religiosos que se perciben como inapropiados son tratados como traidores y, en algunos casos, atacados por grupos armados ilegales apoyados por el régimen.
Muchos líderes religiosos practican una forma de autocensura en actividades públicas como oraciones y sermones, pero también en reuniones privadas o informales, por temor a que un informante del gobierno pueda estar escuchando.
El informe presenta varios estudios de caso, incluyendo el del cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, ex arzobispo de Caracas y una de las figuras más prominentes de la Iglesia católica venezolana, a quien en octubre de 2025 se le impidió físicamente viajar para oficiar una misa en honor al médico venezolano canonizado José Gregorio Hernández.
El cardenal había sido acusado previamente de conspirar contra el gobierno, por expresar las preocupaciones y temores de miembros del clero tras las elecciones de julio en el país. En diciembre de 2025, las autoridades migratorias le impidieron viajar a España y le retuvieron y cancelaron el pasaporte, supuestamente por “incumplimiento de la normativa”.
El informe también destaca cómo la intensificación de la presencia de grupos armados ilegales colombianos en Venezuela, ha debilitado aún más la libertad de religión o creencias y el Estado de derecho, en particular en estados fronterizos como Amazonas, Apure, Táchira y Zulia, y en zonas con importantes poblaciones indígenas.
La directora de Incidencia Política y Líder del Equipo para las Américas de CSW, Anna Lee Stangl, declaró: «Con o sin Maduro al mando, el Partido Unión Socialista de Venezuela (USV) sigue siendo responsable de violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo la persecución de líderes religiosos, la represión constante de la sociedad civil independiente e incluso la masacre y el desplazamiento forzado de grupos indígenas. La comunidad internacional debe garantizar que cualquier debate sobre el incierto futuro de Venezuela, establezca puntos de referencia para mejoras mensurables en la protección de la libertad de religión o creencias, así como para los actores religiosos y humanitarios, los pueblos indígenas y sus derechos espirituales».
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