El 30 de noviembre de 2016, el Congreso colombiano ratific\u00f3 un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ej\u00e9rcito del Pueblo (FARC-EP), un grupo guerrillero marxista-leninista.<\/p>\n\n\n\n
Se esperaba que el acuerdo marcara el comienzo del fin del complejo conflicto interno que ha afectado a Colombia desde 1958, involucrando a m\u00faltiples grupos armados ilegales de izquierda y derecha, grupos criminales y fuerzas gubernamentales. Sin embargo, siete a\u00f1os despu\u00e9s, la paz sigue siendo esquiva; la violencia persiste.<\/p>\n\n\n\n
Inicialmente, parec\u00eda que las cosas mejoraban; de 2016 a 2017, la violencia relacionada con la libertad de religi\u00f3n o creencia (FoRB, por sus siglas en ingl\u00e9s) parec\u00eda disminuir. Sin embargo, desde 2018 hasta 2022 y especialmente desde 2019, los n\u00fameros han vuelto a aumentar.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
\nDurante este per\u00edodo, la administraci\u00f3n del presidente Iv\u00e1n Duque M\u00e1rquez ralentiz\u00f3 consistentemente la implementaci\u00f3n de los acuerdos de paz. Seg\u00fan diversas fuentes y la propia base de datos de CSW, el n\u00famero de incidentes violentos relacionados con FoRB en los \u00faltimos siete a\u00f1os podr\u00eda superar los 400.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Grupos armados ilegales y criminales contin\u00faan teniendo una influencia o control significativo en partes del pa\u00eds. Los ataques dirigidos espec\u00edficamente contra l\u00edderes religiosos han continuado, incluyendo 42 asesinatos, 35 incidentes de amenazas y acoso y m\u00e1s de 60 casos de desplazamiento forzado entre 2018 y 2022. Adem\u00e1s, se registraron 52 cierres o ataques a edificaciones religiosas, junto con informes de reclutamiento forzoso de hijos de l\u00edderes religiosos en grupos armados ilegales como medio de coerci\u00f3n, entre otros incidentes.<\/p>\n\n\n\n
Cuando el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, quien expres\u00f3 su apoyo al acuerdo de paz, asumi\u00f3 el poder en agosto de 2022, se esperaba una reducci\u00f3n de la violencia. Sin embargo, la desconexi\u00f3n entre las pol\u00edticas de seguridad y paz, la extrema indulgencia hacia grupos armados ilegales, incluyendo las FARC-EP y el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional de Colombia (ELN), y la falta de pol\u00edticas adecuadas para incentivar a individuos violentos a entregar sus armas, impidieron la reducci\u00f3n esperada.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de estos factores, elementos como la expansi\u00f3n de los intereses econ\u00f3micos de los grupos armados ilegales a otras actividades como la miner\u00eda ilegal y la ca\u00edda del valor monetario de la hoja y la pasta de coca<\/a>, de las cuales muchos de estos grupos ilegales dependen para obtener financiamiento, incentivaron un aumento del 93% en la extorsi\u00f3n y secuestros por rescate en la primera mitad de 2023.<\/p>\n\n\n\n
En octubre de 2022, el presidente Petro Urrego promulg\u00f3 una ‘Ley de Paz Total’, que abri\u00f3 las puertas para negociaciones simult\u00e1neas entre el gobierno y 26 grupos armados ilegales<\/a>, incluyendo todas las facciones disidentes de las FARC-EP. La adopci\u00f3n de la ley se bas\u00f3 en la suposici\u00f3n de que negociar con un solo grupo crear\u00eda vac\u00edos de poder que otros actores violentos aprovechar\u00edan para fortalecerse y expandirse a nuevos territorios.<\/p>\n\n\n\n
Durante los primeros tres meses del gobierno de Petro, las fuerzas armadas colombianas redujeron<\/a> sus acciones contra grupos armados ilegales en un 70%, mientras que los enfrentamientos entre estos grupos aumentaron en un 79%. Esto redujo el n\u00famero de muertes entre los miembros del Ej\u00e9rcito, pero fortaleci\u00f3 las estructuras ilegales, contribuyendo a un aumento de las masacres de 48 entre enero y junio de 2022 a 52 durante el mismo per\u00edodo en 2023.<\/p>\n\n\n\n
Violencia en un vac\u00edo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
El gobierno ha priorizado 170 municipios (el 36% del territorio nacional) para el desarrollo de Programas de Desarrollo Territorialmente Focalizados (PDET). Estos tienen como objetivo estabilizar y transformar las regiones m\u00e1s afectadas por la violencia, la pobreza, las econom\u00edas il\u00edcitas y la debilidad institucional. Lamentablemente, la situaci\u00f3n de seguridad sigue deterior\u00e1ndose.<\/p>\n\n\n\n
\nEn este contexto, el n\u00famero de personas que trabajan en econom\u00edas ilegales ha aumentado. Los l\u00edderes religiosos que trabajan para reducir el reclutamiento forzado en grupos armados ilegales y ofrecer alternativas a actividades criminales siguen enfrentando ataques violentos.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
En el Departamento de Cauca, por ejemplo, donde operan facciones disidentes de las FARC-EP y el ELN, hombres fuertemente armados atacaron un veh\u00edculo que transportaba al di\u00e1cono1<\/a><\/sup> cat\u00f3lico de la Parroquia San Lorenzo en Caldono el 2 de julio de 2023. Se realizaron treinta y seis disparos al veh\u00edculo, muchos de los cuales impactaron al di\u00e1cono Fredy Mu\u00f1oz y su compa\u00f1ero Deiver Bototo<\/a>, dejando a ambos con heridas graves.<\/p>\n\n\n\n
Otro incidente perpetrado por el ELN tuvo lugar en el mismo municipio el 3 de agosto, cuando miembros del grupo armado ilegal utilizaron explosivos y armas de fuego para atacar a una reuni\u00f3n de la Iglesia Evang\u00e9lica Protestante El Ed\u00e9n en una reserva ind\u00edgena en Pueblo Nuevo durante un ayuno espiritual. Una mujer y una ni\u00f1a de 11 a\u00f1os resultaron heridas.<\/p>\n\n\n\n
V\u00edctimas invisibles<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
A pesar del claro y espec\u00edfico objetivo de los grupos armados ilegales contra las comunidades religiosas, el informe final de la Comisi\u00f3n de la Verdad de Colombia, presentado el 28 de junio de 2022, no incluy\u00f3 ninguna referencia a violaciones contra individuos basadas en religi\u00f3n o creencia.<\/p>\n\n\n\n
Organizaciones como el Di\u00e1logo Interreligioso por la Paz en Colombia (DIPAZ)<\/a>, la Asociaci\u00f3n Cristiana Menonita por la Justicia, la Paz y la Acci\u00f3n Noviolenta (Justapaz)<\/a>, la Comisi\u00f3n de Paz del Consejo Evang\u00e9lico de Colombia (Cedecol) y representantes de la Iglesia Cat\u00f3lica presentaron informes a la Comisi\u00f3n de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) con casos documentados que detallan el impacto de la violencia en los cristianos en Colombia. La CEV tambi\u00e9n se reuni\u00f3 con v\u00edctimas del sector religioso de todo el pa\u00eds; sin embargo, nada de esto estuvo presente en el informe de la Comisi\u00f3n de la Verdad.<\/p>\n\n\n\n
Avances limitados<\/strong><\/h2>\n\n\n\n