CSW ha publicado hoy un nuevo informe (PDF) sobre Nicaragua revelando que el gobierno ha impuesto cada vez más restricciones a los líderes religiosos, obligándolos a presentar informes semanales de sus actividades en las estaciones policiales locales y a solicitar permiso a las autoridades para diversas actividades, en medio de continuas, evidentes y generalizadas violaciones a la libertad de religión o creencias.
El informe titulado «Sin respiro: Otro año de creciente represión en Nicaragua», destaca que CSW registró 309 casos individuales de LdRC en 2025, un aumento considerable con respecto a los 222 documentados en 2024. La mayoría de los casos involucraron múltiples violaciones de la LdRC y muchos afectaron a un gran número de personas. El informe también subraya que un porcentaje significativo de violaciones probablemente no se denuncian, debido al clima de miedo creado por el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Además de la creciente imposición de las llamadas “medidas cautelares” a los líderes religiosos, el informe detalla cómo el gobierno ha continuado prohibiendo las actividades religiosas públicas, monitoreando las actividades dentro de los edificios religiosos, deteniendo arbitrariamente a líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas o de creencias, y cancelando por la fuerza el estatus legal de cientos de organizaciones independientes de la sociedad civil, incluidas instituciones religiosas.
Mientras tanto, en un intento por crear la ilusión de un respeto generalizado hacia la libertad religiosa, el gobierno se apropió de algunas fiestas y tradiciones religiosas, y eximió a algunos grupos alineados con el gobierno, de las prohibiciones sobre las actividades religiosas en público.
El informe destaca específicamente el caso del pastor protestantes Rudy Palacios Vargas, que fue detenido junto con seis de sus amigos y familiares el 17 de julio de 2025. Durante los seis meses de su detención, no se les proporcionó a sus familiares información sobre el paradero de ninguna de las personas del grupos, y uno de ellos -Mauricio Alonso Petri- murió durante la detención en Agosto del 2025. En enero de 2026, el pastor Palacios, su hermana y su cuñado, fueron enviados a casa bajo arresto domiciliario, mientras que los otros tres fueron liberados con imposición de medidas cautelares.
El informe también destaca los casos del pastor protestantes Efrén Antonio Vílchez López, el de un preso político que cumple una condena de 23 años por cargos falsos, y los casos de Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, dos líderes laicas católicas romanas que fueron enviadas a casa bajo arresto domiciliario en noviembre de 2025, tras pasar más de un año en detención e incomunicadas.
La directora de incidencia política y jefa del equipo para el continente Americano de CSW, Anna Lee Stangl, declaró: «Desde hace varios años, CSW ha documentado un deterioro continuo de la libertad de religión o creencias y otros derechos humanos en Nicaragua. 2025 no fue la excepción. Si bien el régimen ha modificado sus estrategias en algunos aspectos —por ejemplo, liberando a presos políticos bajo arresto domiciliario en lugar de obligarlos al exilio—, su objetivo principal sigue siendo el mismo: controlar, cooptar o eliminar a cualquiera que considere una amenaza para su autoridad y supervivencia. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para apoyar y fortalecer las voces independientes en el país, incluidas las de los grupos religiosos, y, ante la falta de respuesta de Nicaragua a las comunicaciones internacionales, debería considerar exigir responsabilidades a otros Estados que apoyan al régimen».
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