El brote del coronavirus (COVID-19) fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, y los gobiernos de todo el mundo han adoptado medidas para limitar la propagación del virus que incluyen, entre otros , prohibiendo las reuniones públicas, limitando todas las operaciones comerciales y de viaje, excepto actividades esenciales, y cerrando los lugares de culto.
En estas circunstancias excepcionales, salvar vidas dependerá de intervenciones gubernamentales rápidas y efectivas y la imposición temporal de limitaciones a ciertos derechos, incluidas las libertades de religión o creencia, reunión y asociación. Si bien reconoce y respalda las limitaciones legítimas por motivos de salud pública, también es importante garantizar que estas excepciones esenciales se apliquen de manera no discriminatoria; que permanecen en su lugar por un período no superior al mínimo necesario para contener la propagación del virus, y que no están instrumentalizados para socavar el disfrute futuro de los derechos y libertades fundamentales.
Es imperativo que esta crisis no sea explotada por gobiernos autoritarios para consolidar el poder, o para legitimar represiones contra los defensores de los derechos humanos (DDHH), detenciones arbitrarias o violaciones del derecho a la libertad de religión o creencias por provocar una amenaza existencial para la nación. Las democracias emergentes o establecidas tampoco deberían socavar la transparencia y la rendición de cuentas al abordar esta emergencia de salud pública sin precedentes.
CSW, por lo tanto, insta a los Estados a adherirse al estado de derecho y a promover y proteger los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la libertad de religión o creencias, garantizando:
Los poderes de emergencia tienen una duración limitada, proporcional a la amenaza y se aplican sin discriminación. Esto es particularmente aplicable a grandes reuniones públicas, incluso en lugares de culto. En la actualidad, el asesoramiento científico proporciona una fuerte justificación para limitar el movimiento y la reunión de personas como medio para contener el virus. Dichas medidas deberían aplicarse a todas las comunidades religiosas sin discriminación, y solo deberían durar el tiempo que sean necesarias para garantizar la salud pública. Cualquier medida que afecte desproporcionadamente a mujeres y niños de comunidades religiosas específicas debe ir acompañada de acciones de mitigación para disminuir su efecto en estos grupos vulnerables. Además, la asistencia financiera o material para los ciudadanos necesitados debe distribuirse de manera transparente y no discriminatoria.
Las medidas adoptadas para abordar la crisis se comunican periódicamente a los ciudadanos, incluidas las comunidades religiosas vulnerables, de una manera transparente. La pandemia no debe ser utilizada por los gobiernos como una oportunidad para suprimir información con el pretexto de asuntos de salud pública. La transparencia también debe aplicarse a cualquier medida que aumente efectivamente la vigilancia de los ciudadanos. Además, ninguna comunidad religiosa debe ser "convenientemente" ignorada o privada de un flujo continuo de información del gobierno central y local.
La denigración de las comunidades religiosas es inmediatamente condenada y abordada. En el clima actual, las comunidades religiosas que regularmente experimentan violaciones pueden ser objeto de ataques adicionales, incluso con acusaciones de ser "portadores" del virus. Las comunidades minoritarias con características distintas o cuyos miembros usan vestimentas religiosas son particularmente vulnerables al abuso, la discriminación y la humillación pública. Estas comunidades deben ser protegidas. Los gobiernos deben abordar cualquier aumento de expresión de odio religioso o discriminación como una cuestión de urgencia, mientras que se insta a las Misiones Diplomáticas a monitorear cualquier aumento en tales abusos y a plantear inquietudes con los gobiernos de los países anfitriones si no se abordan.
Los grupos vulnerables no deben ser olvidados. Las medidas de salud pública impactan a diferentes grupos sociales de diferentes maneras. En todas las sociedades, las medidas de emergencia pueden agravar las vulnerabilidades existentes y causar más sufrimiento. Deben abordarse las necesidades muy específicas de los refugiados y los desplazados internos (PDI), algunos de los cuales han escapado de la persecución religiosa. De particular preocupación es la difícil situación de las personas que viven en campamentos, donde el número y la concentración los hacen especialmente vulnerables en caso de un brote. También son vulnerables aquellos que son detenidos arbitrariamente en las cárceles o centros de detención donde el hacinamiento plantea una grave amenaza para la salud, así como aquellos que están recluidos en régimen de incomunicación en lugares extralegales donde la falta de transparencia podría provocar muertes no registradas. Se insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a acelerar la liberación de presos de conciencia, ancianos, delincuentes de bajo riesgo y personas cercanas a completar sus condenas para aliviar la presión sobre los centros de detención y compensar la propagación del virus en el caso de un brote.
Se garantiza la libertad de expresión e información. Los Estados deben garantizar que las medidas de emergencia instituidas para combatir el virus y combatir la desinformación no se utilicen como pretexto para censurar las noticias o para interferir indebidamente con la libertad de expresión o la capacidad de buscar, recibir e impartir información a través de cualquier medio. Los gobiernos también deben abstenerse de hostigar o "desaparecer" a los defensores de DDHH, incluidos aquellos que investigan abusos de derechos relacionados con virus o publican información al respecto. Las misiones diplomáticas deben demostrar interés y preocupación constante al estar en contacto regular con los / as defensores/as de DDHH en los países anfitriones y al hacer representaciones ante los gobiernos si se producen violaciones.