El día de hoy, 22 de agosto de 2024 se han llevado a cabo manifestaciones en la plaza principal de la Ciudad de México y en la ciudad de Oaxaca para protestar por las graves violaciones a la libertad de religión o creencias en la comunidad de San Isidro Arenal, Municipio de San Juan Lalana, Estado de Oaxaca, donde miembros de una minoría religiosa protestante han sido objeto de discriminación, violencia y detención arbitraria desde el año pasado, y ahora se enfrentan a un desplazamiento forzado inminente de sus hogares debido a sus creencias religiosas.

En noviembre de 2023, los líderes comunitarios de la comunidad de habla chinanteca se movilizaron para hacer cumplir un acuerdo comunitario de 1993 que ordena que el catolicismo romano sea la única religión permitida en San Isidro Arenal. Tras esta medida, 13 familias pertenecientes a la Iglesia Cristiana Protestante Interdenominacional (ICIAR) comenzaron a sufrir amenazas y actos de violencia alentados por los líderes de la comunidad, a pesar de que cumplían con todas sus responsabilidades comunitarias, incluida la participación en actividades católicas romanas a pesar de no ser miembros de ese grupo religioso. Un mes después, en diciembre de 2023, tres familias de minorías religiosas fueron expulsadas por la fuerza de la comunidad y se refugiaron en el municipio de Playa Vicente, estado de Veracruz.

La situación se agravó a principios de este mes cuando el 6 de agosto las familias de minorías religiosas restantes fueron desposeídas de sus tierras y ganado. Más de 300 hombres saquearon las propiedades de las familias, arrasando con sus cultivos de cacao y mango y destruyendo sus casas. Su iglesia, que se encuentra en el rancho Cerro Cajón, fue incendiada.

El 16 de agosto, dos pastores -el pastor Moisés Sarmiento Alavés y el pastor Esdrás Ojeda Jiménez- acudieron a la comunidad acompañados de otros dos hombres -Pablo Gómez Sosa y Nabor Ojeda- con la intención de acudir a un proceso judicial anunciado por la Fiscalía del Estado de Oaxaca. El pastor Sarmiento Alavés debía prestar servicios de interpretación a los miembros de la comunidad que sólo hablan chinanteco, mientras que los otros tres hombres tenían previsto entregar ayuda humanitaria, en forma de alimentos, a las familias afectadas. Sin embargo, el proceso previsto nunca se llevó a cabo y los cuatro hombres fueron atacados por una turba. Los desnudaron, los golpearon, los detuvieron arbitrariamente durante más de seis horas y los obligaron a firmar un documento que no tuvieron oportunidad de leer.

Según el pastor Geraldo Hernández, representante legal del grupo minoritario religioso de San Isidro Arenal, un representante de la Fiscalía del Estado llegó finalmente en camión a San Isidro Arenal, pero no tomó declaraciones a los testigos sobre los hechos del 6 de agosto como debía, y se marchó sin hacer nada por los cuatro hombres. Los miembros de la comunidad bloquearon las entradas a San Isidro Arenal, impidiendo que nadie más entrara. Los cuatro hombres fueron finalmente liberados por la policía ese mismo día. Las autoridades locales no han atacado exclusivamente a los miembros de la minoría religiosa, sino a cualquiera que hable en su nombre. El 18 de agosto, Lucía Antonio, miembro de la comunidad, recibió un ultimátum par que en ocho días abandonara la comunidad o se enfrentara a medidas punitivas. La Sra. Antonio no es miembro del grupo minoritario religioso, sin embargo, había expresado su apoyo a la libertad de religión y creencia y su desacuerdo con las acciones de las autoridades locales. El mismo día, el arzobispo católico romano de Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos, denunció los ataques a la minoría religiosa durante su homilía del domingo.

El 20 de agosto, tras una reunión, representantes del gobierno estatal, se informó a las familias de la minoría religiosa que se les devolvería su ganado con la condición de que se les exigiera el pago de una tarifa diaria de 1000 pesos (aproximadamente 50 dólares estadounidenses) por los derechos de pastoreo, con efecto retroactivo al 6 de agosto. Ese mismo día, en una conferencia de prensa, Jesús Romero López, Secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca, restó importancia al asunto, afirmando que el caso ya se estaba abordando y negó cualquier posibilidad de que la situación pudiera escalar a la violencia y al desplazamiento forzado, afirmando categóricamente que esto no sucedería, sin embargo, al día siguiente, el 21 de agosto, cuando la mayoría de las familias de la minoría religiosa asistían a una reunión con funcionarios del gobierno del Estado de Oaxaca, miembros de la comunidad de San Isidro Arenal invadieron el rancho Cerro Cajón y saquearon y destruyeron las casas de la minoría religiosa. Tres mujeres, Maximina Contreras Antonio, una parapléjica de 83 años, y Esmeralda Antonio y Cristina Hernández, madre e hija, fueron secuestradas y les confiscaron sus teléfonos móviles antes de ser obligadas a subir a un camión y luego abandonadas en la carretera a horas de sus hogares.

Porfirio Flores, abogado y representante de la Confraternidad de Pastores del Estado de Oaxaca, dijo a CSW que '...se debe prestar mayor atención a la cuestión de la libertad religiosa en Oaxaca. Es necesario un cambio fundamental en relación con los problemas que surgen de la violencia contra las mujeres y la libertad religiosa en Oaxaca'.

La directora de defensa de derechos civiles y religiosos de CSW, Anna Lee Stangl, dijo: 'Estamos con quienes hoy alzan la voz en todo México en apoyo de la libertad de religión o creencias para todos. Es imperativo que los gobiernos del municipio de San Juan Lalana y del estado de Oaxaca, y a nivel federal, tomen medidas urgentes para defender la Constitución Mexicana y garantizar que la libertad de religión o creencias sea un derecho del que disfruten todos, independientemente de dónde vivan o de su identidad etnolingüística. La situación volátil en San Isidro Arenal es otro ejemplo más de cómo la incapacidad del gobierno para intervenir en las primeras etapas de los casos de intolerancia religiosa y su descuido de la concientización sobre la libertad de religión o creencias ha llevado a las autoridades locales a creer que pueden imponer la adhesión y la práctica religiosa y cometer actos delictivos contra quienes creen de manera diferente con impunidad. Se deben tomar medidas concretas ahora para proteger a los miembros de la minoría religiosa en San Isidro Arenal, y los responsables de los crímenes cometidos contra ellos deben rendir cuentas por sus acciones.'

Notas para los editores

1.    San Arenal Isidro es una comunidad indígena de habla chinanteco regida por Usos y Costumbres, que protege el derecho de las comunidades indígenas a mantener sus métodos culturales y tradicionales de gobierno local, con la salvedad de que debe aplicarse de conformidad con las garantías de derechos humanos de la Constitución mexicana y de las convenciones internacionales de las que México es parte. La Constitución mexicana garantiza la libertad de religión y creencias y otros derechos humanos a todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, las violaciones de la libertad de religión y creencias son comunes entre las comunidades indígenas regidas por Usos y Costumbres y el gobierno mexicano a nivel federal, estatal y municipal hace poco para garantizar que se respeten estas protecciones. Como resultado, en muchas comunidades una mayoría religiosa intenta imponer la uniformidad religiosa con consecuencias que varían en severidad para los miembros de las minorías que desean practicar una religión o creencia de su elección.

2.    El mes pasado, el matrimonio de Tito Mariano Méndez y Esther Abigail Pérez Ramírez, fueron detenidos arbitrariamente del 20 al 23 de julio en Montenegro, en el municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, también en el estado de Oaxaca, después de que los líderes comunitarios se enteraran de que habían presentado una queja ante la Defensoría del Pueblo del estado de Oaxaca con respecto a las violaciones de la libertad de religión o creencias que estaban experimentando como cristianos protestantes en una comunidad de mayoría católica romana.

3.    El 26 de abril de 2024, más de 150 protestantes bautistas fueron desplazados por la fuerza de las aldeas de Coamila y Rancho Nuevo en el municipio de Huejutla de Reyes en el estado de Hidalgo después de que los líderes de las aldeas, todos católicos romanos, les cortaran la electricidad, destrozaran su iglesia y bloquearan el acceso a algunas de sus casas. Las violaciones de los derechos humanos vinculadas a la Religión o Creencia han sido constantes y graves en las comunidades vecinas desde 2015, sin embargo, el gobierno municipal sigue negando que los incidentes estén vinculados a la libertad de religión o de creencia y no se han tomado medidas para garantizar que los responsables del desplazamiento rindan cuentas y se protejan los derechos del grupo minoritario religioso.