CSW condena el ataque continuo del gobierno nicaragüense contra las organizaciones independientes de la sociedad civil, señalando el impacto negativo sobre la libertad de religión o creencias. El 19 de agosto, el gobierno canceló la personalidad jurídica de 1.500 organizaciones, un tercercio de estas eran de índole religiosa[AL1] [Br2] y estaban afiliadas a iglesias católicas o protestantes. A esto siguió, el 22 de agosto, la cancelación oficial de la condición legal de otras 151 organizaciones.
Fuentes de CSW dijeron que muchas de las organizaciones afectadas, en la expectativa de que las autoridades intenten confiscar su propiedad, están actuando rápidamente para distribuir muebles y otros artículos no incluidos en el inventario oficial de la organización, dentro de sus vecindarios y comunidades de fe.
En algunos casos, los líderes religiosos y los empleados viven en las propiedades asociadas con las organizaciones canceladas. Muchos están ahora buscando urgentemente un nuevo lugar para vivir dijo una fuente, señalando que ‘... saben que, si la policía llega antes de que puedan llevarse sus pertenencias, todo, incluso su ropa, será confiscado. Son días de angustia e incertidumbre para los miles de nicaragüenses que participaron activamente en estas [organizaciones no gubernamentales]. Algunos están considerando sus opciones en caso de que exista una posibilidad de apelación, pero no tienen una comprensión clara de si podrán seguir operando’.
Según Confidencial Digital, desde 2018 hasta mediados de agosto de 2024, la Asamblea Nacional Nicaragüense, alentada por el presidente[Br3] [AS4] [Br5] Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha cancelado la personalidad jurídica de 5.163 organizaciones, eliminando más del 70% de la sociedad civil independiente registrada.
Un informe emitido el 3 de agosto por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, encontró que 419 organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica Romana y a las iglesias protestantes ya habían tenido cancelado su estatus legal.
Anna Lee Stangl, jefa de Incidencia Política de CSW, dijo: ‘CSW condena enérgicamente las acciones del gobierno nicaragüense, bajo la dirección del presidente Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo, en cancelar arbitrariamente el estatuto jurídico de 1651 organizaciones independientes de la sociedad civil en las últimas semanas. Lamentablemente, la noticia no es una sorpresa. Han expresado claramente su intención de erradicar totalmente a todos los actores independientes del país. Es imposible cuantificar el impacto social de esta medida del gobierno, en términos de cómo afectará a la vida diaria de hombres, mujeres, niños y niñas que interactúan con, y en algunos casos dependen de los programas de las organizaciones canceladas. Estamos con aquellos que han dedicado sus vidas a la mejora de sus comunidades, en muchos casos por sus creencias religiosas, sólo para ver que todo esto fue arrebatado por un gobierno abusivo con una visión limitada a sus propios intereses. La comunidad internacional debe dejar claro al gobierno nicaragüense que su campaña contra la sociedad civil independiente es inaceptable y debe detenerse inmediatamente’.
Notas a los editores:
1. El movimiento del gobierno para cancelar la condición jurídica de cientos de organizaciones de la sociedad civil sigue, la aplicación de una nueva política que rige las operaciones de las organizaciones de sociedad civil. Se han modificado la Ley de Reglamentación y Control de las Organizaciones sin ánimo de lucro (Ley 1115), la Ley del Reglamento de los Agentes Extranjeros (La Ley 1040) y la ley de Coordinación Tributaria (la Ley 822). De conformidad con la legislación modificada, se exigirá a las nuevas organizaciones que presenten propuestas e información financiera al gobierno, lo que le dará un mayor control sobre los proyectos y programas iniciados por la sociedad civil. Las organizaciones registradas se verán obligadas a colaborar con el Ministerio del Interior.