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Las historias no contadas por mujeres de minorías religiosas indígenas en México
Este trabajo fue realizado por CSW y financiado por Sir Halley Stewart Trust. Los puntos de vista expresados en este informe son las de los autores y no necesariamente las de Sir Halley Stewart Trust.
CSW agradece a todos los que contribuyeron con este informe, en particular a las mujeres que participaron en la investigación, así como a varios socios en México que brindaron una asistencia invaluable.
Nota sobre la divisa
Los casos descritos en este informe suceden en un período de tiempo considerable, durante el cual la moneda de México, el peso (MXN), ha sufrido revalorizaciones y otros ajustes. Por lo tanto, hemos expresado el valor en pesos de cualquier monto de moneda mencionado sin proporcionar una conversión aproximada al USD/GBP, ya que dicha conversión probablemente sería inexacta. Es importante tener en cuenta que en los casos en los que hay violaciones de la libertad de religión o creencia, incluidos los de este informe, las multas aplicadas están diseñadas para causar dificultades a las personas o familias a quienes van dirigidas. Estas personas a menudo tienen ingresos limitados, por lo que las multas pueden tener un impacto devastador.
Todas las imágenes de CSW a menos que se indique lo contrario.
Resumen Ejecutivo
La Constitución Mexicana en su Artículo 24, garantiza la Libertad de Religión o Creencias (LdRC) y otros derechos humanos a todos sus ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, las violaciones de la LdRC son comunes en ciertas regiones de México, en particular en las comunidades indígenas que se rigen por la Ley de Usos y Costumbres.
Esta ley protege el derecho de las comunidades indígenas a mantener sus métodos culturales y tradicionales de gobierno local, con la advertencia de que debe aplicarse de conformidad con las garantías de derechos humanos en la Constitución Mexicana y en los convenios internacionales de los que México es parte. Sin embargo, el gobierno mexicano, tanto a nivel federal como estatal, hace poco para garantizar que se cumplan estas protecciones.
Como resultado, en muchas comunidades una mayoría religiosa intenta imponer la uniformidad religiosa, con consecuencias que varían en severidad para los miembros de las minorías religiosas que desean practicar la fe de su elección o no desean practicarla.
CSW ha trabajado en temas de LdRC en México, incluidos los que experimentan los pueblos indígenas, durante más de una década. En 2021, en respuesta a la escasez de información y análisis por parte de organismos de monitoreo y expertos con respecto a las experiencias únicas de las mujeres de minorías religiosas indígenas en México, CSW llevó a cabo una investigación para determinar si las formas en que las mujeres de minorías religiosas indígenas en México experimentan la LdRC y otras las violaciones de los derechos humanos son específicas a un género y/o de género.
Entre marzo y junio de 2021, los socios de CSW realizaron diez reuniones de mujeres indígenas de comunidades religiosas minoritarias en los estados de Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Jalisco y Oaxaca, para escuchar sus historias.1 Durante estas reuniones, la Recolectora de Datos de CSW utilizó tres métodos de investigación: entrevistas semiestructuradas, método participativo basado en el arte y discusiones de grupos focales con clasificación participativa.2 Veinticinco mujeres indígenas y dos mujeres mestizas3 fueron entrevistadas y figuran en este informe. Mientras que ocurrían las conversaciones, el resto de las participantes se animaron a utilizar pintura y/o bordados para ilustrar sus “esperanzas futuras” en una bolsa de manta lisa.
Esta investigación encontró que un gran número de tipos de violaciones de LdRC afectan tanto a hombres como a mujeres por igual. Estos incluyen la prohibición de celebrar o participar en servicios religiosos, de recibir visitantes del mismo grupo religioso y de compartir creencias religiosas públicamente; así como la participación forzada en actividades de la mayoría religiosa y hostigamiento al participar en servicios religiosos. Entre otras formas cruzadas de discriminación contra los participantes que no parecen ser específicas de género incluyen la negación del derecho a la sepultura, así como registrar un nacimiento. También se encontraron amenazas y/o ataques a la propiedad y la tierra, el desplazamiento forzado y la negación del acceso a los servicios básicos. Todo lo cual puede crear barreras para el trabajo remunerado y no remunerado.
Algunos tipos de discriminación que afectan de manera desproporcionada o exclusiva a las mujeres incluyen barreras para beneficiarse de programas gubernamentales dirigidos a mujeres, así como la negación de servicios de atención médica prenatal a mujeres embarazadas debido a sus creencias religiosas.
Si bien, la mayoría de las formas de discriminación mencionadas por los participantes de la investigación parecen haber sido experimentadas por toda la familia, no se puede desconocer el impacto tácito, psicológico y físico de las violaciones de la LdRC en las mujeres de minorías religiosas en México.
A lo largo de la investigación, quedó claro que la forma en que las mujeres y los hombres indígenas se ven afectados por la infracción de la LdRC y así como derechos humanos asociados parece estar condicionada por sus funciones y responsabilidades basadas en el género dentro de sus hogares y comunidades. Un ejemplo de esto se evidencia en que los ataques a la propiedad por motivos religiosos y la negación del acceso a los servicios básicos afectan la capacidad de los hombres y mujeres indígenas para completar el trabajo no remunerado y generador de ingresos, generalmente dividido en función del género.
Muchas participantes compartieron cómo las responsabilidades domésticas básicas, como cocinar, limpiar y lavar la ropa, se vuelven extremadamente desafiantes cuando su acceso al agua y la electricidad está bloqueado debido a las creencias religiosas de su familia. Este tipo de violación también puede tener repercusiones en la salud, ya que las mujeres se ven obligadas a lavar, cocinar y consumir agua no tratada de ríos contaminados o tener que caminar largas distancias hasta una fuente de agua mientras cargan objetos pesados como jarras o canastas con ropa mojada.
Varias participantes también aludieron al efecto en cadena que la discriminación contra los niños de minorías religiosas tiene sobre ellas como madres. Algunas asumen más trabajo además de sus responsabilidades domésticas regulares, para instruir a los niños después de que se les negó el acceso a la educación.
Vale la pena señalar que varias participantes dieron a entender que creen que son los hombres de minorías religiosas los que se ven afectados más por ciertas violaciones de la libertad de expresión religiosa. Así también, algunas participantes declararon explícitamente que, los hombres indígenas están sujetos a la violencia por motivos religiosos con más frecuencia que las mujeres.
En las comunidades indígenas de todo México, tanto hombres como mujeres están incluidos en una lista de tareas comunitarias en las cuales se espera su participación. Sin embargo, los relatos de las participantes sugirieron que es mucho más probable que a los hombres de minorías religiosas se les asignen roles dentro de las funciones de la mayoría religiosa, y luego sean sujetos a detención arbitraria por no participar. Esto probablemente se deba a que, en muchos casos, los hombres adultos representan a su familia en las asambleas comunitarias percibidos como “cabeza” de familia.
Por su parte, las mujeres solteras, incluidas las viudas, pueden estar sujetas a más discriminación que las mujeres casadas o jóvenes que todavía viven en casa con sus padres, pero CSW no pudo sacar ninguna conclusión significativa sobre esta teoría debido a que la mayoría de las participantes estaban casadas.
Una cultura de impunidad rodea a la mayoría de la LdRC y violaciones de derechos humanos relacionadas en México, donde el 94.8 % de los casos denunciados quedan impunes.4 Es probable que el porcentaje real sea aún mayor, dada la cantidad de personas que no pueden denunciar casos debido a barreras lingüísticas y educativas.
Existe una queja común entre los participantes y tiene que ver con la falta de condena por parte del Estado a delitos punibles, así como la protección que otorgan los funcionarios del Estado, quienes muchas veces se ponen del lado de los de la religión mayoritaria. 18 participantes (67%) indicaron que no pueden acceder a la justicia luego de experiencias de discriminación y/o violencia. La mayoría de los participantes especificaron que las autoridades locales son las perpetradoras, cómplices o desdeñosas de estos incidentes.
Algunos participantes han accedido a mecanismos de justicia, con diversos grados de efectividad, esto, luego de intervenciones de órganos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), comisiones estatales de derechos humanos y oficinas de Asuntos Religiosos a nivel de gobierno estatal, así como a través de procesos judiciales. Sin embargo, la persistente falta de intervención por parte de los gobiernos estatales para defender la LdRC es una clara indicación de que, en general, los funcionarios gubernamentales, especialmente a nivel estatal, continúan malinterpretando la LdRC y ven las violaciones de la LdRC como problemas comunitarios o “problemas menores” en lugar de violaciones de los derechos humanos fundamentales.
Es importante señalar que muchas de las experiencias compartidas por las participantes habían ocurrido a lo largo de varios años, en algunos casos durante generaciones. Esto refleja el problema más amplio de las violaciones de la LdRC en las comunidades indígenas, que el gobierno mexicano no ha abordado de manera efectiva desde hace décadas.
No parece que la creciente diversidad religiosa sea una solución. Más bien, se ha permitido que se desarrolle una cultura en la que se acepta e incluso se espera que una mayoría a nivel local tenga derecho a imponer la uniformidad religiosa. Esta cultura se ha visto fortalecida por la estrategia de algunos gobiernos estatales para ‘resolver’ los casos de intolerancia religiosa, estableciendo nuevas comunidades exclusivas para la minoría religiosa afectada. En algunos casos, aquellos que alguna vez fueron una minoría religiosa ahora se encuentran en una situación de ser mayoría y han abrazado su "derecho" a imponer la uniformidad religiosa.
Cabe resaltar que, aunque todas las mujeres que participaron en esta investigación se identifican como cristianas protestantes, los hallazgos del informe tienen implicaciones para todos los credos y aún los ateos.
Recomendaciones
Al gobierno mexicano
- Garantizar plenamente los derechos asociados al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esto incluye garantizar que estos derechos, tal como se establece en la Constitución de México, así como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se respeten para todos los habitantes y ciudadanos de México. Cuando se apliquen otras leyes, por ejemplo, en comunidades regidas por la Ley de Usos y Costumbres, asegúrense de que se practiquen de conformidad con la Constitución Mexicana y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
- Brindar capacitación periódica en mediación y en la ley de los derechos humanos, particularmente en relación con la libertad de expresión, los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres, a los funcionarios gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal responsables de los asuntos religiosos, a fin de garantizar un mejor cumplimiento de la ley y la promoción y protección de los derechos humanos.
- Garantizar que las comisiones estatales de derechos humanos continúen participando activamente con las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales que trabajan por la LdRC y con las víctimas de violaciones de LdRC, para continuar elevando el perfil del problema. Dar voz a los sobrevivientes y contribuir a una cultura de tolerancia y libertad religiosa en sus respectivos estados.
- Asegurarse de que los funcionarios gubernamentales de quienes se ha demostrado que no cumplieron con sus deberes para defender la LdRC, sean destituidos de sus cargos.
- Proporcionar recursos suficientes a los funcionarios gubernamentales responsables de los asuntos religiosos a nivel estatal y federal para llevar a cabo sus funciones y en particular, aquellos en regiones donde hay frecuentes violaciones de la LdRC o conflictos entre comunidades religiosas.
A los gobiernos estatales
- Comprometerse con las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales que trabajan en LdRC para diseñar e implementar un programa de capacitación para las autoridades locales de las comunidades regidas por la Ley de Usos y Costumbres. Esto con el fin de garantizar que esta ley se practique de conformidad con el derecho constitucional y legal de México, así como las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión.
A la Unión Europea (UE) y los estados miembros
- De acuerdo con las Directrices de la UE sobre la LdRC, participar regularmente con el gobierno federal mexicano y los gobiernos estatales sobre casos y cuestiones relacionadas con violaciones a la LdRC. Debe darse especial atención a la colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación y las comisiones estatales de derechos humanos en temas relacionados con la LdRC. Esto debería incluir la sensibilización y el desarrollo de capacidades dentro de las instituciones gubernamentales, por ejemplo, a través de intercambios de mejores prácticas.
- Asegurarse de que el gobierno mexicano reconozca adecuadamente las infracciones de la LdRC existentes antes de la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) UE-México y el potencial de estas infracciones para constituir un incumplimiento de la 'cláusula de elementos esenciales' y del Capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del TLC. Sobre esto último, la evidencia compartida en este informe concerniente a las barreras al trabajo remunerado y no remunerado, los derechos a la tierra y el desplazamiento forzado pueden ser particularmente relevantes.
- Como parte de los planes estratégicos en derechos humanos de la Delegación de la UE y la Embajada de los Estados miembros, coordinar los esfuerzos para monitorear de cerca los problemas de LdRC. Esto debe llevarse a cabo con la contribución de los grupos de la sociedad civil, con quienes también deben realizarse actividades más amplias de concientización y desarrollo de capacidades sobre la libertad de expresión como un derecho humano.
Al gobierno de los Estados Unidos de América (EE.UU.)
- De acuerdo con la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA, por sus siglas en inglés), participar regularmente con el gobierno mexicano en casos y temas relacionados con violaciones de la LdRC y animarlos a implementar las recomendaciones de este informe al gobierno de México.
- La Embajada de los EE. UU. debe monitorear activamente los casos de violaciones de la LdRC y retroalimentar al Departamento de Estado para que los use en sus informes y designación de países de preocupación particular.
- El Embajador por la Libertad Religiosa Internacional debería realizar una visita de seguimiento a México, incluyendo en el itinerario los estados con un alto número de violaciones de la LdRC y basándose en la visita de 2016 del Embajador David Saperstein; y continuar denunciando las violaciones de la LdRC regularmente ante el gobierno de México.
- La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) debe agregar a México a su lista de países monitoreados activamente y plantear la LdRC al gobierno mexicano en cada oportunidad disponible, y debe realizar una visita al país, incluso a los estados con un alto número de violaciones de LdRC.
- Trabajar en estrecha colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en México y las comisiones estatales de derechos humanos en temas relacionados con la LdRC, y cooperar en la concientización y el desarrollo de capacidades dentro de las instituciones gubernamentales.
- Desarrollar y mantener vínculos con grupos de la sociedad civil que trabajen en la problemática de la LdRC, y trabajar con ellos en la concientización y el desarrollo de capacidades.
- Crear y mantener oportunidades de financiación para proyectos que promuevan la LdRC para todos, dando prioridad a aquellos que se dirijan a estados y comunidades con un alto número de violaciones de la LdRC.
Al gobierno del Reino Unido (UK)
- De acuerdo con el compromiso del Reino Unido con la LdRC, continuar planteando casos de LdRC en México como un asunto de urgencia con el gobierno mexicano.
- Asegurar que la embajada del Reino Unido desarrolle y mantenga vínculos con grupos de la sociedad civil que trabajan en el tema de la LdRC, y trabaje con ellos en la concientización y el desarrollo de capacidades sobre el tema dentro de la sociedad civil mexicana, a nivel nacional y estatal.
- Crear y mantener oportunidades de financiación para proyectos que promuevan la LdRC.
- Asegurar el compromiso con la Recomendación 7 del Informe Truro mediante la investigación de la intersección entre la LdRC y otros derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres y los derechos indígenas en México, y utilizar esta investigación para articular políticas centradas en la libertad religiosa que aborden estos temas.
A las Naciones Unidas (ONU) y los estados miembros
- Garantizar que el derecho a la libertad de religión o creencias, los derechos de los indígenas y los derechos de las mujeres se planteen de manera consistente con el gobierno de México, incluso durante visitas de alto nivel y otros intercambios bilaterales, tanto en público como en privado, así como en foros multilaterales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
- Instar al gobierno de México a aumentar los esfuerzos proactivos para abordar la intolerancia y la discriminación por motivos de religión o creencias y/o género en las comunidades indígenas mexicanas, incluso brindando capacitación para el poder judicial y las autoridades locales.
- Exhortar a todos los mecanismos relevantes de la ONU, incluidos los Procedimientos Especiales y los Órganos de Tratados de la ONU, a considerar en sus informes la interrelación de los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la libertad de religión o creencias, reconociendo las vulnerabilidades únicas que enfrentan las mujeres indígenas de comunidades religiosas minoritarias en México.
- Alentar a los Procedimientos Especiales de la ONU, incluidos los Relatores Especiales sobre libertad de religión o creencias, cuestiones de minorías, derechos culturales, derechos de los pueblos indígenas, derecho a la salud, agua potable y saneamiento, educación, vivienda adecuada, independencia de jueces y abogados, violencia contra las mujeres, y el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas para visitar México, en línea con la invitación permanente de México a los Procedimientos Especiales de la ONU.
- Alentar a las embajadas en los países a monitorear cuidadosamente la situación de los derechos humanos, incluida la libertad de religión o creencias en las comunidades indígenas mexicanas, e instar encarecidamente al gobierno de México a proteger el derecho a la LdRC, los derechos indígenas y los derechos de las mujeres en concordancia con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y constitucional.
Casos de estudio emblemáticos
Formas de discriminación experimentadas por 25 mujeres indígenas y dos mestizas de comunidades religiosas minoritarias debido a su religión
Estos datos resultaron de un análisis temático y una codificación cualitativa manual de las reflexiones y ejemplos dados por las participantes durante sus entrevistas. La precisión de estos datos está limitada por el hecho de que no todas las participantes respondieron todas las preguntas de la entrevista, debido a restricciones de tiempo y, en ocasiones, debido a la falta de conocimiento y/o comprensión. Además, las participantes pueden haber omitido o elegido no revelar incidentes adicionales sin darse cuenta o intencionalmente. Por lo tanto, es posible que más participantes se hayan visto afectadas por las formas de discriminación identificadas y, potencialmente, por otras violaciones de derechos humanos que no se han registrado.
| Formas de discriminación | Número de participantes | |
|---|---|---|
| Hostigamiento | 21 (78%) | |
| Participación bajo presión o forzada en actividades religiosas | 21 (78%) | |
| Amenazas o ataques a la propiedad y la tierra | 19 (70%) | |
| Barreras para la justicia | 18 (67%) | |
| Negación de acceso a programas sociales del gobierno | 17 (63%) | |
| Suspensión o corte del servicio de agua potable* | 13 (48%) | |
| Impedimento de recibir visitas correligionarias | 13 (48%) | |
| Detención arbitraria de familiar varón | 10 (37%) | |
| Discriminación y restricciones afectando la educación de los niños | 9 (33%) | |
| Barreras al trabajo no remunerado | 8 (30%) | |
| Negación de acceso al tratamiento médico | 8 (30%) | |
| Desplazamiento forzado | 8 (30%) | |
| Impedimento de compartir creencias religiosas públicamente | 7 (26%) | |
| Suspensión o corte del servicio de alcantarillado* | 6 (22%) | |
| Barreras al trabajo remunerado | 5 (19%) | |
| Recibos de electricidad retenidos5 | 5 (19%) | |
| Suspensión y corte del servicio de energía electrica* | 3 (11%) | |
| Negación del derecho a la sepultura | 2 (7%) | |
| Negación del derecho a registrar el nacimiento | 2 (7%) | |
| Violencia física | 2 (7%) | |
| * Número total que experimentó la negación del acceso a los servicios básicos (electricidad, alcantarillado o agua): 13 participantes, 48% | ||
Estado: Hidalgo
- Formas clave de discriminación:
- Negación del acceso a los servicios básicos. Amenazas o ataques a la propiedad y la tierra
- Estudio de caso:
- La Mesa de Limantitla, Huejutla de Reyes Municipality
- Mujer en el Caso:
Maria Francisca Martínez Hernández, Angelina Martínez Hernández- Identidad etnolingüística:
- Náhuatl
Maria Francisca Martínez Hernández y Angelina Martínez Hernández son hermanas. Viven en una comunidad indígena en La Mesa de Limantitla, Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo y hablan náhuatl.
‘Nosotros estábamos muy estresados y teníamos mucho miedo. Pensábamos que en cualquier momento nos iban a quitar la casa que construimos con mucho sacrificio y nuestras plantas de café y las ramas de cedro que sembramos para que se convirtieran en árboles y que no podríamos disfrutar nada de esto. Por eso llorábamos. Sólo sabíamos que no nos iban a poder quitar la fe en nuestro Dios; podrían tomar todo lo demás.’
Las familias protestantes en La Mesa de Limantitla han estado bajo presión desde 2007. Angelina Martínez Hernández explicó: ‘Desde 2007 no quisieron dejar que nos reuniéramos. Pidieron que no nos congregáramos, que no hagamos escándalo, que nos regresáramos a la Iglesia Católica. Las reuniones eran en nuestra casa.’
Angelina Martínez Hernández reflexionó sobre ser ignorada deliberadamente por miembros de la mayoría religiosa: ‘Dejaron de visitarnos y de hablarnos. Cuando caminábamos por la calle, no se volteaban a verme, como si fuera un animalito.’
Las autoridades locales también han amenazado a la familia de Angelina Martínez Hernández con desplazamiento forzado y la confiscación de sus bienes. Las amenazas de expulsión y de perder su hogar le hicieron temer viajar sola a las milpas de su familia, donde siembra y trabaja la tierra para alimentar a su familia. El no saber cuándo y cómo la gente del pueblo iba a cumplir la amenaza, si la iban a lastimar o no le permitirían volver a casa, la hacía sentir muy estresada y temerosa. Explicó que no camina sin su esposo, porque temía ser atacada si alguien la veía sola.
La situación empeoró en enero de 2019, cuando muchas familias cristianas protestantes se vieron obligadas a firmar un acuerdo de renuncia a sus creencias religiosas. Ocho familias firmaron el acuerdo bajo presión; sin embargo, Maria Francisca Martínez Hernández, Angelina Martínez Hernández y sus respectivos esposos, Nemesio Cruz Hernández y Eligio Santiago Hernández, se negaron a hacerlo.
‘Nos amenazaron, nos cortaron los servicios (públicos). Lanzaron piedras y pusieron lazos para que los visitantes no llegaran a mi casa para la reunión bimensual de la confraternidad.’
En respuesta, en enero de 2019, las autoridades locales les quitaron el acceso al agua, los servicios de alcantarillado, los programas de beneficios del gobierno y el molino comunitario durante más de un año. Las mujeres de la comunidad dependen del molino para moler el maíz semanalmente y hacer tortillas todos los días, siendo esta, una de sus principales fuentes de alimentos. Sin este acceso, se ven obligadas a comprar alimentos y utilizar un molino de mano, lo que requiere mucha fuerza y energía dejándolas agotadas a la hora de realizar otras tareas a su cargo.
La eliminación de los servicios de agua crea un peso para aquellos que son objeto. Esto parece tener un impacto desproporcionado en las mujeres, que tienden a ser responsables de las tareas domésticas que dependen del agua, como cocinar y limpiar. La falta de agua limpia también puede exacerbar y provocar problemas de salud graves, como parasitosis, amebiasis, desnutrición, diarrea y trastornos gastrointestinales.
Ambas mujeres se sometieron a importantes procedimientos médicos durante este tiempo y su recuperación se llevó a cabo sin acceso a servicios de agua o un baño que funcionara. Se les prohibió visitarse unos a otros y visitar a su familia; cuando las mujeres intentaban visitar a sus padres, la gente del pueblo decía ‘Fuiste a bañarte a casa de tus padres, les vas a pedir agua.’
Incluso se les negó el apoyo de amigos cuando el delegado del pueblo amenazó con cortar los servicios básicos a cualquiera que los visitara.
Los pobladores les prohibieron acceder a la orilla del río más cercana a sus viviendas, obligándolos a caminar un kilómetro cuesta arriba para bañarse y obtener agua potable para uso doméstico. Ambas tenían que depender de sus nietos, todos menores de diez años, para que los ayudaran a llevar pesados baldes de agua desde el río hasta sus hogares.
Posteriormente en 2019, Angelina Martínez Hernández sufrió un prolapso uterino cuando intentaba llevar sola un balde de agua de 20 litros desde el río hasta su casa. Debido al riesgo de que se repitiera, los médicos recomendaron una cirugía y el 22 de julio de 2019 se sometió a una histerectomía. Su nuera vivió con ella por un corto tiempo, actuando como su cuidadora inmediatamente después de la operación. Sin embargo, la nuera, que estaba embarazada en ese momento, se vio obligada a regresar a su propia casa porque no podía arreglárselas sin acceso a los servicios de agua y alcantarillado. La falta de visitas y apoyo después de su cirugía hizo que Angelina Martínez Hernández se sintiera aislada y sola. Ella le dijo a CSW en 2019: ‘Nadie me ha visitado… Me siento rechazada, como si no valiera nada.’
En abril de 2019, después de algunos meses de cargar baldes de agua del río a su casa, Maria Francisca Martínez Hernández desarrolló una hernia inguinal y un bulto debajo del brazo derecho, que seguía creciendo. Ella recuerda haber ido a buscar agua al río por la noche con sus nietos y llorar porque no podía soportar el frío del agua. Maria Francisca Martínez Hernández recordó que el delegado comunitario le decía a su esposo:
Tu esposa se está muriendo. Renuncia a tu religión y te conectaremos al agua. Tienes que renunciar [a tu religión]. ¿Quieren quedarse sin drenaje? …te vas a morir, y no vamos a dejar que te entierren aquí. Deja que los “hermanos” te entierren. ¿No quieres tu casa? ¿No te importa tu terreno? ¡quieres estar en la calle!
Los médicos en la cabecera municipal Huejutla de Reyes, le dijeron a Maria Francisca Martínez Hernández que corría riesgo de muerte. Se sometió a una cirugía el 16 de diciembre de 2019 para extirpar el bulto debajo del brazo y la hernia inguinal. Una semana después de sus operaciones, su herida abierta se infectó y empeoró debido a las condiciones insalubres del agua del río donde la obligaron a bañarse.
Menos de un mes después de sus operaciones, el 15 de enero de 2020, las autoridades locales de La Mesa de Limantitla impusieron una multa de MXN 57.700 a su familia, como parte de un acuerdo ilegal que les restablecería el acceso a los servicios básicos a cambio de que dejaran sus servicios religiosos. Las autoridades locales mantuvieron una reunión con su esposo para discutir este acuerdo e insistieron en que también asistiera Maria Francisca Martínez Hernández, a pesar de que se encontraba físicamente frágil y acababa de ser operada. Recordó haber ido a la reunión con una venda y llorando a causa del dolor. Maria no pudo dormir esa noche por el estrés y el dolor de su herida. Maria Francisca reflexionó:
Le pregunto a mi esposo ¿por qué nos hacen esto? No les hacemos ningún daño… Lo que me hicieron me sigue doliendo, con mi herida y rodeada de gente burlándose y gritándonos…
‘Esperanza futura’ trabajo artístico
Maria Francisca Martínez Hernández compartió que su mayor deseo es que su hijo de 29 años se reconcilie con su familia y con Dios. Su hijo abandonó a su esposa y sus dos hijos, y la gente de la comunidad religiosa mayoritaria se burló y la culpó por su decisión de irse.6 Hizo un dibujo de un hombre y una guitarra para representar a 'mi hijo tocando durante el culto en la iglesia'. 'Hice un dibujo con mi hijo cantando alabanzas porque mi hijo está perdido, lejos de Dios.’
La esperanza de Angelina Martínez Hernández para el futuro es que haya paz en la comunidad y que Dios permita que las autoridades reconsideren su decisión para que esto se lleve a cabo. Angelina Martínez Hernández solicitó ayuda para escribir ‘Dios es amor’, y dibujó un corazón con un círculo alrededor, para representar el mundo. Le gustaría tener libertad para compartir su fe con sus familiares y su comunidad.
Estado: Guerrero
- Formas clave de discriminación:
- Negación de acceso a programas sociales del gobierno. Amenazas o ataques a la propiedad y la tierra
- Estudio de caso:
- El Mesón Zapote, Ayutla de los Libres Municipality
- Mujer en el Caso:
-
Juana Custodio Bernabe
- Identidad etnolingüística:
- Mixteca
Juana Custodio Bernabe vive en una comunidad indígena en El Mesón Zapote, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Ella habla mixteco.
Juana Custodio Bernabe relató cómo su familia es agredida verbalmente por personas de la comunidad religiosa mayoritaria casi todas las semanas, durante su caminata de dos horas desde El Mesón Zapote hasta su iglesia en Coacoyulichán, municipio de Cuautepec. Les llaman chinqueques. El traductor explicó que en su lengua indígena mixteca este es un término del argot que denota que alguien está postrado en el piso o es un parásito social.
En noviembre de 2020, el comisario del pueblo instó a los vecinos de El Mesón Zapote a poner sus vacas en los terrenos de la familia de Juana Custodio Bernabé, para comer y pisotear sus cultivos, como castigo por haberse alejado de la religión mayoritaria. Como resultado, la familia de Juana Custodio Bernabe perdió las cuatro hectáreas de cultivo de frijol que habían sembrado, equivalente a diez meses de alimentos e ingresos.
En febrero de 2021, la vecina de Juana Custodio Bernabe, miembro de la religión mayoritaria, puso vacas en el campo donde la familia de Juana Custodio Bernabe cultiva maíz y caña de azúcar. Las vacas se comieron el maíz y destruyeron la caña, dejando a la familia de Juana Custodio Bernabé con poco para sobrevivir. Siempre que el esposo de Juana Custodio Bernabe se ha quejado de esto a las autoridades locales, le dicen que no tomarán medidas para ayudarlos porque su familia 'cambió de rumbo' en su religión y las vacas son propiedad de miembros de la religión mayoritaria.
La hija de 15 años de Juana Custodio Bernabe tiene una discapacidad que le impide asistir a la escuela pública; tiene derecho a apoyo económico a través del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad del gobierno mexicano. El apoyo económico llega a la comisaría a nombre de su hija, pero el comisario, Isidoro Carpio, se ha negado a pasar el dinero. La interceptación del apoyo económico a la su hija por parte de las autoridades locales viola las reglas de funcionamiento de este programa de gobierno. Allí se estipula que 'el apoyo económico se entregará directamente -sin intermediarios- mediante el uso de una tarjeta bancaria' y que 'los servidores públicos involucrados en la operación de [estos programas] serán animados a promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de los beneficiarios… con apego a criterios de igualdad y no discriminación.’7
En el verano de 2020, Isidoro Carpio envió a un catequista católico romano a decirle a su familia que firmaría y aprobaría el documento para el apoyo económico de la hija de Juana Custodio Bernabe si volvían al catolicismo romano.
Habiéndose negado a hacerlo, Juana Custodio Bernabe vive bajo constante estrés y agotamiento como principal cuidadora de su hija. Esto reduce su capacidad para realizar otras tareas domésticas. La falta de apoyo financiero también ha creado una carga financiera y emocional para Juana Custodio Bernabe, en tanto que se preocupa por su hija como por su capacidad para alimentar adecuadamente a su familia.
‘Esperanza futura’
Juana Custodio Bernabe no creó un trabajo artístico que representara su esperanza para el futuro, pero compartió su deseo de paz para todos en el pueblo. En su entrevista, dijo que hubo varias represalias contra los cristianos protestantes dentro de su comunidad, particularmente cuando caminaban las dos horas hasta su iglesia.
Estado: Chiapas
- Formas clave de discriminación:
- Negación del acceso a los servicios básicos. Amenazas o ataques a la propiedad y la tierra.
- Estudio de caso:
- Nueva las Tacitas, Municipio de Ocosingo
- Mujer en el Caso:
-
Josefina Cruz Ruiz
- Identidad etnolingüística:
- Tzeltal
Josefina Cruz Ruiz vive en una comunidad indígena en Nueva las Tacitas, Municipio de Ocosingo, Chiapas. Ella habla tzeltal. Ha asistido a la iglesia presbiteriana Alfa y Omega con su esposo desde que se separaron de la religión mayoritaria en 2016. Josefina Cruz Ruiz fue una de las dos participantes que denunciaron violencia por motivos religiosos contra ellas.
Josefina Cruz Ruiz explicó que, en 2015, las autoridades locales confiscaron sus instrumentos musicales y encarcelaron a seis varones miembros de la iglesia durante 24 horas, luego de que dichos feligreses de la iglesia presbiteriana realizaran una celebración con música para conmemorar su aniversario. Estos hombres fueron amarrados, golpeados por 80 hombres de la comunidad y luego obligados a pagar una multa ilegal de 25,000 MXN.
La conversión de Josefina Cruz Ruiz y su esposo al cristianismo protestante enfureció a los familiares que seguían la religión mayoritaria, incluido su hermano. Un día, poco tiempo después, mientras su esposo estaba en el trabajo, el hermano entró a su casa en estado de ebriedad y la atacó con un machete. Esto hizo que ella sufriera un aborto espontáneo.
Cada año, el 3 de mayo, las familias cristianas protestantes de la comunidad que se niegan a participar en el Festival Católico Romano de Santa Cruz (conocido localmente como 'Convivio del Agua') se ven obligadas a pagar una multa ilegal de 300 MXN o cortan su suministro de agua hasta que puedan pagar la multa; como resultado, algunos años han estado sin acceso al agua durante cinco meses.
El 3 de mayo de 2021, la familia de Josefina Cruz Ruiz y otras cinco personas, un total de 16 adultos, de la Iglesia Cristiana Alfa y Omega, se negaron a participar en el festival. En respuesta, las autoridades locales impusieron una multa mayor por 500 MXN por familia y, posteriormente, desconectaron el suministro de agua cuando ellos no podían pagarlo. Si bien la familia de Josefina Cruz Ruiz tiene una letrina en su casa, no pueden usarla sin acceso al agua, por lo que se vieron obligados a hacer sus necesidades al aire libre, en las montañas.
Josefina Cruz Ruiz y otras mujeres protestantes de la comunidad se vieron obligadas a hacer viajes diarios a un pequeño riachuelo a 20 minutos de sus casas, para recolectar agua tanto para beber como para tareas cotidianas como cocinar y limpiar. Llenaban botellas de refresco de 2.5 litros con agua y las llevaban a casa en carretillas. Estas mujeres también dependían del arroyo para lavar la ropa de su familia, cargando entre 10 y 15 kg de ropa en la cabeza mientras viajaban hacia y desde el arroyo, con la ayuda de sus hijos, varias veces al día.
Posteriormente, la familia de Josefina Cruz Ruiz y algunos otros lograron reunir suficiente dinero para pagar la multa para que les restablecieran el suministro de agua. El esposo de Josefina Cruz Ruiz explicó que actualmente hay escasez de agua en Nueva las Tácitas porque la tubería que alimenta el tanque de agua está dañada. Por lo tanto, eliminar el acceso al agua de los cristianos protestantes aumenta el suministro disponible para la comunidad religiosa mayoritaria.
Josefina Cruz Ruiz también afirmó que, tres veces al año, durante la temporada de cosecha, un miembro de la comunidad religiosa mayoritaria roba de las cosechas de la tierra de su familia, de la que ella depende para cocinar las comidas de su familia, y aunque las autoridades saben quién es, no han tomado ninguna medida para detenerlo.
‘Esperanza futura’ trabajo artístico
Josefina Cruz Ruiz dibujó un corazón rodeado de flores para expresar su esperanza de que algún día toda su comunidad conozca el amor de Jesús. Compartió su esperanza de que Dios le dé un pozo, para que ya no tenga el problema con el acceso al tanque de agua y para que se puedan abastecer de agua todas las familias cristianas protestantes que se resisten a participar en las fiestas católicas romanas, incluida la Santa Cruz, festividad católica romana.
Josefina Cruz Ruiz hizo un segundo dibujo de un corazón para representar la unidad que sintió en la reunión, compartiendo que se sentía muy feliz. También hizo un dibujo tenue de una paloma sobre el corazón, que dijo que representaba la bendición de Dios.
Nota a pie de página
- Los hallazgos de este informe están limitados por las restricciones de tiempo del proceso de investigación. Si bien CSW pudo realizar dos reuniones en cada estado, cada reunión duró entre tres y siete horas porque los participantes tuvieron que viajar largas distancias para llegar allí. Esto significó que rara vez fue posible concluir los ejercicios de clasificación participativa y de arte con discusiones de grupos focales según lo planeado, lo que habría refinado el análisis en este informe. En retrospectiva, hubiera sido mejor repartir las diferentes actividades durante al menos tres días, proporcionando alojamiento para los participantes y sus familias durante este tiempo.↩︎
- Para los detalles de la investigación que inspiró la metodología de este informe, así como sus fortalezas y limitaciones, consulte el Apéndice 1 del informe completo.↩︎
- Mestizo (fem. mestiza) denota una persona de ascendencia mixta europea e indígena.↩︎
- México Evalúa, ‘Hallazgos 2020: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México’, 2020 http://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/10/hallazgos2020-7octubreok.pdf↩︎
- Cinco participantes explicaron que las autoridades locales retienen sus recibos de electricidad cuando llegan a la comisaría de la comunidad para que las familias dejen de pagar accidentalmente y provocar que la compañía que suministra la electricidad desconecte su servicio.↩︎
- CSW ha sido informado que el hijo de Maria Francisca Martínez Hernández falleció en noviembre de 2021, y su cuerpo fue devuelto a La Mesa de Limantitla el 20 de noviembre de 2021.↩︎
- Gobierno de México, ‘Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad’, 11 de Febrero 2019 http://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-pension-para-el-bienestar-de-las-personas-con-discapacidad↩︎
